Pilar, una propietaria de La Coruña, enfrenta una situación angustiante desde que su inquilina dejó de pagar el alquiler en 2020. Aunque el juzgado emitió una orden de desahucio en 2022, esta sigue paralizada, mientras Pilar debe asumir gastos de servicios básicos y mantenimiento. A pesar de las alternativas habitacionales ofrecidas a la ocupante, esta las ha rechazado, lo que ha llevado a Pilar a denunciar la falta de apoyo para los propietarios en estas circunstancias.
Para más información, consulta el artículo completo en:
Kommentare